Por Eduardo Plasencia, 13 de marzo de 2025
Pasó el verano y en el tema de las rutas tuvimos malas noticias casi todos los días. Viajar por el país y llegar vivo es hoy una hazaña nada trivial. Expertos del sector dicen que “nunca estuvimos peor, ni siquiera al principio de los ’90 las rutas estaban tan abandonadas”.
Según la ANSV, 2.512 personas perdieron la vida en las rutas nacionales y provinciales durante el año 2023 fruto de un siniestro, la mayoría en choques violentos o vuelcos. Si contamos las ciudades, donde las motos son las tristes protagonistas de esta pandemia, las fatalidades ascienden a 4.586. La ONG “Luchemos por la Vida” estima números aún más elevados. Son miles de familias argentinas desgarradas por la tragedia repentina, como la del autor de esta nota. Si comparamos con Estados Unidos –que no es el mejor ejemplo en este tema– se trata de una cifra seis veces más alta cuando se pondera por la cantidad de kilómetros manejados por habitante.
Argentina tiene casi 90.000 km de rutas pavimentadas. Hace años no se hace un relevamiento completo, pero se estima que entre un 60% y un 80% están en mal estado. Esto significa rutas con pozos, ahuellamiento, banquinas descalzadas, o sin señalización. Tres condiciones que hacen que viajar sea una aventura de alto riesgo para la vida. Pero las rutas no sólo se caen a pedazos: también se quedaron chicas para el tránsito de hoy: la inmensa mayoría no tiene banquinas pavimentadas, muchísimos cruces e intersecciones están incompletos, las ciudades avanzaron sobre las trazas sin tomar los recaudos necesarios, y, sobre todo, hay unos 4.000 kilómetros que deberían ser autovías o autopistas.
A esto hay que sumarle que el parque automotor es uno de los más atrasados en la región y se encuentra en franco declive, cada vez más pobre y desalineado con los sistemas, tecnologías y estándares de calidad y seguridad del mundo. Hoy, nuestra flota tiene 14.1 años de antigüedad frente a 11.7 en 2019: hay una generación entera de autos que debería estar jubilada. El problema es más grave en los camiones, donde se agrega la falta de control de pesos y la baja potencia de sus motores que los obliga a ir a paso de hormiga en medio de autos cada vez más rápidos, sumado a configuraciones de acoplados que no deberían estar permitidas.
En las ciudades mucha gente se vuelca a las motos no sólo porque los autos son carísimos sino también porque falta transporte público urbano. Llevar colectivos a todos los barrios y navegar calles saturadas es imposible para muchas ciudades en parte por la nociva política de crecimiento a base de loteos e infraestructura y servicios gratis.
Bajamos los brazos con la educación vial, la fiscalización y el patrullaje. En algunos países, si manejás como un desquiciado, o sin patente, o sin luces de noche, te meten preso. La falta del imperio de la ley empeora la situación y nos vuelve a todos vulnerables. Necesitamos campañas de concientización y buscar formas de frenar y penar a los que ponen en grave peligro al resto. Por último, algo que nunca hemos hecho bien: una revolución en la demarcación y señalización vial, abundante, clara y “pedagógica”. No puede ser que si llueve no sepas dónde termina el asfalto.
Estamos mal y vamos a estar peor si no hacemos algo. Para empezar a recuperar y actualizar la infraestructura hacen falta obras. La argentina tiene una condición demográfica muy dispersa que hace que financiar obras con concesiones por peaje sea posible sólo para unos 10.000 kilómetros, apenas el 25% de las rutas troncales o el 12% de las rutas pavimentadas. Para mantener el resto del sistema hace falta una inversión de casi 3.000 millones de dólares al año sin contar que hay que primero reconstruir un montón. Poner la red vial a punto nos demandará ocho años, 4% del PBI en total, y, sobre todo, una reforma de los organismos a cargo de las rutas. Lo triste es que este presupuesto existió, pero el 80% no fue destinado a mantener y mejorar lo que tenemos sino a proyectos de dudosa utilidad o en estafas como las de la Causa Vialidad.
Para avanzar hay que tomar las riendas del tema, impulsar una agenda de reformas profundas, y, sí, gastar plata. Plata que sí hay: el Impuesto a los Combustibles recaudó justamente 3.000 millones de dólares en 2024. Este impuesto ronda hoy el 13% del precio de la nafta o gasoil y es virtualmente un peaje de 1,25 dólares cada 100 kilómetros a todo aquel que usa un camino. Sin embargo, menos del 20% llega a las rutas. La totalidad de estos recursos deberían repartirse mediante fórmulas predeterminadas basadas en parámetros técnicos como los tránsitos y administrada por un ente autárquico o privado, lejos de la rosca política.
Fomentar una flota vehicular más moderna y segura tiene varias aristas, una de ellas es reducir la pesada carga impositiva que tiene la fabricación e importación de autos, camiones y autopartes. Limpiar y agilizar los regímenes de verificación vehicular es indispensable pero también lo es ponerse serios con los que no cumplen, porque ponen en peligro a todos. En este tema, los anuncios del gobierno son bienvenidos, pero las soluciones deben llegar más rápido.
Necesitamos declarar la Emergencia Vial para tomar medidas urgentes, como resolver el tendal de contratos abandonados en los últimos años que complican la ya pesada burocracia estatal. Esto va a ser de especial importancia a medida que liciten las nuevas concesiones anunciadas. Una nueva Ley de Vialidad Federal y Seguridad del Tránsito puede ser también el camino para cimentar un plan de renovación de la infraestructura, modernizando las instituciones responsables de gestionar las rutas, mejorando cómo se prioriza la inversión que necesitamos y actualizando las regulaciones del tránsito con normas más efectivas e inteligentes.